Segunda República, Guerra Civil Española y dictadura franquista (1931-1975)
La proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, y la aprobación del Decreto del 21 de abril del gobierno republicano español reconociendo la formación de la Generalitat de Cataluña supuso la desaparición de las cuatro diputaciones. De este modo, el 29 de abril de 1931, la Diputación de Barcelona dejaba de existir y asumía su integración dentro de la Generalitat de Cataluña. Pero, en realidad, hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía de 9 de septiembre de 1932 la Generalitat funcionó sobre la base administrativa y financiera de las disueltas diputaciones provinciales.
El 5 de abril de 1938, apenas coincidiendo con la caída de Lleida en manos de los sublevados en el marco de la Guerra Civil Española, los militares franquistas emitieron un decreto de supresión del Estatuto de Autonomía de 1932. Finalmente, el 15 de enero de 1939, el mismo día de la ocupación de la ciudad de Tarragona, la Junta Técnica de Burgos decretó la restauración de las diputaciones como corporaciones provinciales.
Durante la dictadura franquista las diputaciones estuvieron subordinadas a los dictados de los gobernadores civiles. La gestión administrativa de la Diputación de Barcelona, sometida a una administración pública autoritaria y centralista, se focalizó inicialmente en la depuración de funcionarios y la descatalanización de la institución.
La Ley de bases de régimen local, de 17 de julio de 1945, recortó aún más la autonomía provincial y redujo los ingresos de las diputaciones, dificultando el mantenimiento de las instituciones asistenciales, educativas y culturales que se habían sostenido a lo largo de las décadas anteriores. Los ingresos de la Diputación de Barcelona, como el resto de diputaciones, procedían de tres capítulos básicos: de los impuestos y recursos cedidos por el Estado, de los arbitrios provinciales y de la cesión de recursos municipales. En cuanto a los gastos, el capítulo más significativo seguía siendo el asistencial, seguido de obras públicas y edificios provinciales.
Las modificaciones de la Ley de bases de régimen local de 1953 y 1955 dotaron a la Diputación de Barcelona de más ingresos, hecho que permitió, entre otros, la inauguración de los Hogares Mundet en 1957, que fue también posible gracias a la importante donación económica realizada por Artur Mundet, empresario catalán afincado en México.
